Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), empezó a colaborar en la administración pública en 1972. Nacido en 1948 en Guanajuato, Garduño es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. También tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De acuerdo con el Gobierno de México, en sus inicios el ahora comisionado del INM participó en el diseño de programas y proyectos como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal.

Luego de que el  martes 11 de abril la Fiscalía General de la República (FGR) buscara generar cargos contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, la dependencia señaló que buscará imputar al secretario con el delito de ejercicio Ilícito del servicio público.

El ilícito, está previsto en el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal, y es sancionado con pena de prisión de 2 a 7 años. Pese a esto, el cargo por el que lo acusan no está en el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, por lo que Garduño podría ‘no pisar la cárcel’ mientras se desarrolla el proceso en su contra.

¿Actuará la FGR contra Francisco Garduño?

La FGR investiga a Francisco Garduño luego del incendio en el que murieron 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez. Uno de los implicados en la muerte de los migrantes es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua. La fiscalía aseguró que los funcionarios están relacionados con las conductas que “generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas.

La FGR añadió que el incendio señala las omisiones que se siguen cometiendo en el Instituto Nacional de Migración, “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.

¿Quienes son los detenidos?

Además de Francisco Garduño del INM y de Antonio González Guerrero, el comisionado del INM en Chihuahua, que incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

Otros servidores públicos contra los que la Fiscalía procedió penalmente son:

Salvador ‘N’.
Juan ‘N’.
Cecilia ‘N’.
Eduardo ‘N’.

Contra ellos se procedió porque “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.

Los funcionarios laboraban en la estación ubicada en el norteño estado mexicano de Chihuahua. Y se trata del jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.

Los tres funcionarios del INM en Chihuahua enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio.

Un implicado más, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en este suceso, es el propio titular del NM en esta entidad, Salvador González.

Omisiones ante recomendaciones de la CNDH y la Auditoría Superior

En un comunicado, la dependencia federal dijo que con motivo del incendio se inició una investigación que reveló la existencia de una estructura delictiva al interior del INM que se mantuvo pese una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación. Detalló que la indagatoria se hizo bajo dos líneas paralelas de información; la primera, dentro del INM; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada que prestaba servicios para el organismo cuando fue el incendio.

Estas fallas “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”: Fiscalía

Explicó que, en la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados.

“Por esos hechos se generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”, apuntó.

Aunado a ello, agregó, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo.

La empresa de seguridad privada

Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos (el incendio)”, enfatizó la Fiscalía.

Autoridades de Honduras y Guatemala esperan justicia para víctimas

El  martes pasado se repatriaron a Honduras y Guatemala los cuerpos de migrantes fallecidos en el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el noroeste de México. Funcionarios y familiares de ambos países dicen que esperan justicia y que se ayude a los allegados de las víctimas de esta tragedia, que terminó con la vida de 40 personas.

Bukele, El Salvador

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, dijo que el Gobierno del país centroamericano exige la renuncia de las personas responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de siete salvadoreños en un incendio en una estación migratoria.

«Sobre todo, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México», afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa en la que se informó de la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares en territorio salvadoreño.

Obrador responde a Bukele

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al gobierno de Nayib Bukele, luego de que las autoridades de El Salvador, condenaran el incendio de la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, y pidieran cárcel para los responsables de las políticas migratorias de México.

Les dio la razón en sus exigencias de justicia y señaló que el caso no quedará impune, por lo que ya se estaba investigando y trabajando en la tragedia donde fallecieron 7 ciudadanos salvadoreños:

“Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió, ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar”.

“Y también como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, a continuar la investigación. Ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia”, dijo el mandatario federal desde su conferencia matutina.

Asimismo señaló que el gobierno mexicano no era represor con los migrantes centroamericanos ni violaba sus derechos humanos, como sí se hacía en épocas anteriores.

El cuestionado Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador

Bukele en su «lucha contra los pandilleros» inauguró en El Salvador la cárcel más grande de América.

 

Por Redaccion Digital

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