No solo es Ciudad Juárez, es toda la franja fronteriza vive un flujo migratorio récord, y eso ha generado dolores de cabeza al gobierno de Joe Biden pero también a México.
Más de dos millones de personas fueron arrestadas tratando de cruzar a territorio estadounidense el último año fiscal, que terminó el 30 de septiembre, un aumento del 24% con respecto al año anterior. Del total de detenciones, cerca de 500.000 correspondieron a ciudadanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
Y solo el pasado diciembre los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.483 personas, cinco veces más que ese mismo mes en 2019.
De acuerdo con los datos de la CBP, 202.000 fueron deportados a sus países de origen por medio del Título 8, y el resto fueron enviados a México bajo el polémico Título 42.
Y mientras cientos de migrantes llevan meses varados en municipios fronterizos mexicanos, a la espera de poder pedir asilo en EE.UU.
Desde tiempos de Trump
Se trata de una vieja directiva que la administración Trump resucitó en el contexto de la pandemia y que permite rechazar a ciudadanos extranjeros sin permitirles solicitar asilo y que, a pesar de ser una de sus principales promesas de campaña, el gobierno de Joe Biden no termina de retirar.
Mientras, para atajar la crisis y tratar de reducir el flujo, el presidente estadounidense ha lanzado una serie de planes, el último de los cuales lo anunció el 5 de enero y entró en vigor al día siguiente.
Biden informó que EE.UU. permitiría la entrada cada mes de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero que endurecería las restricciones para aquellos que intentaran cruzar la frontera con México sin la documentación necesaria.
La cuota se limita a quienes tengan un patrocinador financiero que ya esté en EE.UU., hayan superado una verificación de antecedentes y pasen una investigación de seguridad.
Y a su vez, México accedió a aceptar hasta a 30.000 migrantes al mes —de estos cuatro países— que intenten caminar o nadar para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y sean devueltos.
Normalmente serían enviados a sus países de origen, pero Washington no puede devolver fácilmente a personas de esos países por diversas razones, entre ellas la relación deteriorada que tiene con sus gobiernos.
«No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten (el acceso) de forma legal», advirtió el mandatario estadounidense.
La aplicación CBP One
La forma de hacerlo es a través de la aplicación CBP One, que permite a los solicitantes de asilo programar una llegada a los puertos de entrada a EE.UU. de Nogales (Arizona), Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass y El Paso (Texas), Caléxico y San Isidro (California).
Y esa app se ha vuelto el último escollo de una larga travesía para los miles de migrantes que están varados del lado mexicano en los alrededores de esos pasos fronterizos, a donde llegaron con la esperanza de que una posible derogación del Título 42 les permitiría por fin cruzar la línea y pedir asilo en el país del norte.
Lo que pasó en Ciudad Juárez
El incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ha dejado al menos 39 personas muertas y decenas más heridas.
En total, 68 personas de seis nacionalidades estaban ingresadas en el centro de detención, según un comunicado del INM en el que detallaba los nombres pero no especificaba cuántos de ellos están entre los fallecidos o heridos:
Colombia: 1
Ecuador: 1
El Salvador: 12
Guatemala: 28
Honduras: 13
Venezuela: 13
El canciller Marcelo Ebrard informó que «los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República» que realiza las investigaciones.
El incidente ocurrió en las instalaciones que el INM tiene en el puente internacional Stanton-Lerdo en la norteña Ciudad Juárez, vecina a la estadounidense ciudad de El Paso (Texas), poco antes de la 10 de la noche del lunes (04:00 GMT).
La llamada Estancia Provisional de Ciudad Juárez era un centro utilizado por las autoridades mexicanas para albergar a los migrantes que intentan cruzar ilegalmente y que son candidatos a ser deportados.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que lo ocurrido «tuvo que ver con una protesta que ellos (los migrantes) iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados».
«Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego; y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia».
«Nunca les abrieron la puerta»
Encerrados en un centro de detención, varios migrantes se acercan a las rejas mientras el fuego crece y el humo se esparce. Los guardias del Instituto Nacional de Migración (INM) caminan de un lado a otro y no abren la puerta de la celda, saturada con alrededor de 70 personas, para que puedan salvar la vida. El saldo preliminar de la peor tragedia migratoria que se recuerde en una instalación gubernamental de México es de 39 muertos y decenas de heridos.
Al tiempo que la indignación y la vergüenza recorren el país, todas las dudas convergen en una pregunta:
¿Quién asume la responsabilidad tras lo sucedido en Ciudad Juárez? ¿Quién responde por el hacinamiento, las malas condiciones de estos espacios, la inacción de las autoridades inmediatas, las violaciones a los derechos humanos, la política para contener el éxodo desde Centroamérica?
Marcelo Ebrard y Adán Augusto López chocan por el reparto de responsabilidades tras la tragedia de Ciudad Juárez
El incendio ha revelado las fisuras del sistema migratorio mexicano y ha provocado una fractura entre la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard; dos de los principales aspirantes de Morena para contender por la presidencia en 2024.
A horas de la tragedia, Adán Augusto López se deslindó y dijo que no tenía nada que responder sobre el tema. El secretario declaró que, aunque el INM depende de Gobernación, él no es el encargado del sistema migratorio y señaló a Ebrard como el máximo responsable de rendir cuentas sobre lo sucedido. La cartera que registra las detenciones y deportaciones de extranjeros, que paga los sueldos de los agentes migratorios y que rubrica cada comunicado con el membrete de la Secretaría dice que no tiene nada que ver.
“Es Marcelo el encargado”, zanjó el operador político de Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que también insistió en sus aspiraciones políticas. “Voy a ser presidente”: Adán Augusto López
Ebrard se concentró en informar que se había puesto en contacto con sus homólogos de Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador y Ecuador, y se abstuvo de engancharse con los reclamos de López hasta entrada la noche del martes. “Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, respondió el canciller, sin decir nombres. “La SRE ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al INAMI la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados”, agregó.
Obrador: “Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así”, contestó este miércoles López Obrador al ser cuestionado por el choque entre el responsable de la política interna y el de la política exterior. En medio del pleito, el presidente dijo que instruyó a Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, a informar sobre los avances de las investigaciones y aclarar la tragedia.
La falta de comunicación ha provocado una cascada de comunicados de distintas dependencias y confusión sobre el saldo de víctimas del incendio. “Nos han dado cuatro cifras distintas”, se escucha decir a un reportero en la conferencia del presidente. El mandatario dijo que quienes tenían la última palabra eran la Fiscalía General de la República (FGR), al frente de las pesquisas; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dar cuenta de los abusos cometidos, y el Poder Judicial, para decidir sobre la culpabilidad de los responsables. También pidió al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que se apersone y apoye las investigaciones de la Fiscalía estatal de Chihuahua.
La clave de la pugna entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández está en un decreto presidencial de septiembre de 2019. En junio de ese año, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, amenazó con una guerra arancelaria si México no endurecía su política migratoria y se convertía en un dique para el flujo de personas desde Centroamérica. El secretario de Exteriores fue el enviado del Gobierno mexicano para apagar la crisis y se llegó a un acuerdo de último momento para calmar los reclamos de Trump. El decreto creó de forma transitoria una Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, presidida por el canciller o, en su caso, por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. López se escuda en ese documento para argumentar que el último responsable es su compañero de Gabinete.
La Comisión, vigente hasta el 30 de noviembre de 2024 (el penúltimo día del Gobierno de López Obrador), tiene como tareas principales la coordinación de la política migratoria; establecer las acciones prioritarias para cumplir con esa estrategia; dar seguimiento a sus resultados, y supervisar la respuesta interinstitucional, ya sea entre Secretarías o con Gobiernos estatales y municipales. Está compuesta por las carteras de Gobernación, SRE, Seguridad, Hacienda, Bienestar, Salud, Trabajo y Turismo, así como por otras ocho instancias, entre ellas el Instituto Nacional de Migración.
Renuncia de Francisco Garduño INM
Morena y la oposición coincidieron en que renuncie Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), después de la muerte de al menos 39 migrantes en una estación de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua.
l coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como lamentable y desafortunado que se pretenda repartir culpas o evadir responsabilidades del incendio en la estación migratoria donde perdieron la vida al menos 38 migrantes y exigió dar la cara para deslindar responsabilidades e incluso llamar a comparecer a los secretarios de Estado que sean necesarios y en primer lugar al titular de Migración, Francisco Garduño.
Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusara que las estaciones migratorias son responsabilidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores que encabeza, Marcelo Ebrard, derivado de un acuerdo en el gabinete pese a que esos albergues dependen de la Secretaria de Gobernación.
