El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), ordenó la publicación en el Periódico Oficial del estado de la reforma al Código Penal, donde se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras, por lo que hoy desde ya está en vigor.
El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, confirmó que en el portal oficial de la dependencia que encabeza fue publicada ayer la modificación al Código Penal de Tabasco. “Estamos listos para responder por los cauces legales a quien considere que se ha violado un derecho”, indicó.
Acusan de traición a los movimientos sociales
Por su parte, en la Ciudad de México, las fuerzas políticas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión señalaron que la llamada “ley garrote” criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales. Estos señalamientos los emitieron miembros del PAN, PRI, MC y PRD; al rechazo se sumó el PES, que se reconoce como seguidor de la cuarta transformación.
La diputada María Rosete Sánchez (PES) dijo que su fuerza política “está en contra de este tipo de reformas” y señaló que la reforma será “traición a la sociedad de Tabasco”. En tanto, senadores y diputados de Morena justificaron -segun ellos- la modificación con señalamientos de que se castiga la extorsión en la realización de obras. “Estamos poniendo orden en casa”, indicó la diputada tabasqueña María de los Ángeles Huerta.
