“Veamos lo que pasó en Tabasco hace diez días, aprobaron una Ley de Obra Pública que hay que llamarla la Ley de Mi Compadre, porque gracias a esa ley le puedo asignar a mi compadre la obra y el proyecto que yo quiera sin ningún proceso u obstáculo burocrático como es una licitación”, dijo Juan Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) durante la presentación del Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018.
Y es que recientemente la mayoría de Morena en el Congreso local de Tabasco aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas bajo el argumento de que así se acelerará el proceso de construcción de la nueva refinería que proyecta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese estado. No obstante, el director del IMCO, señaló que dicha normatividad se aplicará para cualquier proyecto estratégico, abriendo así la puerta a la corrupción.
“Qué pasa cuando hay un gobierno de mayoría sin contrapesos, y un gobierno que se asume mecánicamente honesto, que por el simple hecho de pertenecer a la fuerza política hegemónica ya sienten que son actos de honestidad. Perdón, pero 30 millones de votos no te garantizan la honestidad de un gobierno, la honestidad te la garantiza el buen ejercicio del gasto público, un diseño institucional adecuado”, puntualizó Pardinas.
Ahora organizaciones de la sociedad civil analizan presentar un recurso legal contra la nueva Ley de Obras Públicas en Tabasco, que permitirá la asignación directa de contratos de proyectos estratégicos como las construcción de una nueva refinería. De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas Carpizo, la legislación aprobada en esa entidad, a la que llamó «la ley de mi compadre», violenta principios constitucionales en el uso de recursos públicos.
“Habemos organizaciones de la sociedad civil que estamos analizando qué opciones jurídicas hay para ir contra el diseño de esta ley, todavía no podemos anunciar nada, pero evidentemente es un diseño institucional obsceno», que va contra principios institucionales que están en la Constitución. Por su parte el presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, consideró que luego de la aprobación de la reforma que aunque jurídicamente es difícil que por parte del Congreso local se pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios a la Ley de Obras Públicas de Tabasco y de Adquisiciones, pero detalló que un camino para los ciudadanos y empresarios que estén inconformes con estas nuevas disposiciones podría ser acudir al amparo de la justicia federal.
Con información del El Sol de México
