El Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Bienes Nacional, para que, con el objetivo de eliminar la «privatización» de las playas nacionales, y se garantice el libre tránsito a pobladores y turistas, se impongan fuertes multas a los particulares que restrinjan el acceso a estas zonas.
La modificación se aprobó con 107 votos a favor, y con ella, se establecieron multas que van de tres mil a 12 mil veces el valor de la Unidad de Medica de Actualización (UMA) a todo aquél que inhiba, restrinja, obstaculice o condicione la entrada a las playas y a la zona federal marítimo terrestre.
Gracias a este cambio, en caso de que los hoteleros incumplan, se les aplicarán sanciones de hasta 1,042,000 pesos (USD 46,398), considerando el valor de la UMA en 86.88 pesos.
Mónica Fernández, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que las restricciones que imponen los propietarios de zonas colindantes a la zona federal marítimo terrestre es un «acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación”.
En la reforma se establece que, en caso que no existan accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítima terrestre, deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas mediante los accesos que para tal efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente.
Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción establecida, se revocará la concesión, autorización o permiso.
El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.