El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 36 servidores públicos, entre ellos llamados «Servidores de la Nación», cometieron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales.
La entrega de programas sociales por personal de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, resolvió el Pleno de la Sala Regional Especializada del TEPJF.
Lo anterior porque pudo ser identificable el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la indumentaria que portaban, así como la mención a logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.
Además el Tribunal señaló que la propaganda gubernamental pudo vulnerar el interés superior de la niñez, pues en diversas publicaciones se observa su imagen sin que se demostrara contar con el consentimiento y la opinión tanto de las niñas y los niños, como del padre, de la madre o del tutor.
El TEPJF estableció que 36 servidores y servidoras públicas (en delegaciones, subdelegaciones regionales y “Servidores de la Nación”) realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales.
Mediante un comunicado, detalló que las acciones se difundieron en diversas redes sociales de esas personas del servicio público y en notas periodísticas. No obstante, el TEPJF consideró que no hay responsabilidad alguna del presidente López Obrador, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen, ni participó en los hechos, como tampoco es el caso del partido político Morena.
Asimismo indicó que María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar, y Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, tampoco son responsables de las infracciones, ya que la ejecución de los programas sociales es responsabilidad de las y los titulares de las delegaciones estatales.
Ante ello el TEPJF canalizará la sentencia al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, así como a la titular de dicha dependencia federal para lo que corresponda.
Cabe recordar que el PRD denunció a López Obrador, a Albores González, a García Hernández, así como al personal de Bienestar por la supuesta difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
El PRD opinó que se implementó una supuesta campaña en la que personal de Bienestar realizó diversas acciones como el levantamiento de un censo y la distribución de programas sociales.
Con ellas, desde el punto de vista del PRD, promocionaron el nombre y logros del presidente de México y de Morena, con el fin de posicionarse política y electoralmente frente a la población e influir en los próximos procesos electorales locales y federales.
Ello porque para el desarrollo de esas actividades portaron chalecos, mochilas, gorras y gafetes, y visitaron a la ciudadanía en sus domicilios, con el propósito de registrar a posibles beneficiarios/as y entregar tarjetas bancarias para dichos programas sociales.
