Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California aseguró que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reforma aprobada en el Congreso y tres ayuntamientos de Baja California, que aumentaría de dos a cinco años la administración de Jaime Bonilla Valdez.
El mandatario estatal, en un comunicado señaló que esta es la segunda acción específica para combatir la decisión legislativa y continuar apegado a la defensa del Estado de derecho y voluntad ciudadana. Además, indicó que mantiene su decisión de no publicar la reforma una vez que lo solicite el Congreso estatal. Dijo que será después de la notificación, cuando presentará la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Mi compromiso es con los ciudadanos, por ello velaré siempre por hacer respetar el Estado de derecho de Baja California”, agregó. Este lunes y martes ciudadanos se manifestaron en Mexicali y Tijuana contra la ampliación de mandato del morenista Bonilla Valdez. En Mexicali, la ciudad capital, alrededor de 30 personas cerraron simbólicamente la sede del Congreso del estado, en rechazo a la ampliación de la próxima gubernatura.
Los inconformes colocaron pancartas en la entrada del inmueble, cuyo personal se encuentra de vacaciones. El grupo manifestó, en un documento, que la llamada «Ley Bonilla» es una «traición al pueblo baja californiano».
Pero Francisco «Kiko» Vega está bajo la lupa, lo acusan de buscar impunidad
Sobre el tema, Proceso reveló que la noche del lunes 8 de julio cuando a puerta cerrada, y resguardados por elementos de seguridad y con cédulas de votación secreta, 21 diputados del Congreso de Baja California –integrado por 25 legisladores de ocho partidos, y con mayoría panista– aprobaron en sesión extraordinaria la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, el morenista gobernador electo.
Después, de esa sesión y habiendo aprobado por unanimidad la reforma, Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, fue nombrado auditor superior del estado, permanecerá en el cargo hasta 2026 y será quien audite los tres últimos años de gobernador panista.
Víctor Alejandro Espinoza, investigador de El Colegio de la Frontera Norte detalló que como parte de una negociación y «manto de impunidad» para el gobernador Vega de Lamadrid y funcionarios de primer nivel se aprobó esa ampliación constitucional además de obtener otros cargos públicos como la Auditoría Superior del Estado, entregada al PAN, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al PRI.
