Andrés Manuel López Obrador, lanzó la convocatoria para el reclutamiento de jóvenes interesados en formar parte de la Guardia Nacional, un proyecto con el que el Mandatario pretende bajar los índices de violencia en el país, pero que sólo existe en papel. El presidente de México consideró que el hecho de que sean jóvenes quienes formen esa eventual corporación se basa en la necesidad de que cuente con elementos suficientes para garantizar la seguridad de los mexicanos, ya que, señaló, México tiene pocos policías para atender el problema de la violencia en comparación con otros países.
“50 mil elementos, en un periodo de tres o cuatro años aproximadamente, formarían parte de las filas de la Guardia Nacional que ayudarán en la operación de las coordinaciones territoriales con apego al respeto de los derechos humanos”, dijo.
El jefe del ejecutivo explicó que desde ayer, los interesados pueden inscribirse para entrar a la corporación mediante la que tendrían un “empleo remunerado, con seguridad social, además de que se puede convertir en una forma de vida, de satisfacción y orgullo trabajar en las Fuerzas Armadas de México”.
El salario que recibirán aún no está definido, pero recordó que en el presupuesto para 2019 se autorizó una partida de dos mil 500 millones de pesos para sueldos, y confió en que esta semana inicie la capacitación de los elementos. No obstante, el proyecto requiere una reforma constitucional, de escuchar la opinión de expertos y de la sociedad civil.
Los diputados -que apenas analizarán la propuesta- pospusieron en diciembre la discusión y prevén comenzar la próxima semana las audiencias en las que participarán integrantes de la sociedad civil y gobiernos de los tres niveles. Se planea que el debate en el pleno sea en el periodo extraordinario a partir del 16 de enero.
De ahí que lL dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática calificó de “autoritario”, el llamado a incorporarse a las filas de la Guardia Nacional, ente cuya integración no ha sido avalada en el Congreso. “Es una falta de respeto” del Ejecutivo federal al Poder Legislativo, y “pone una vez más en juego la democracia y la institucionalidad”.
