La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición, contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), impulsadas en noviembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, incluida la creación de los llamados “Superdelegados».
Luis María Aguilar Morales, ministro de la Primera Sala de la SCJN, otorgó 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo federal, para contestar las acciones de inconstitucionalidad, que buscan invalidar múltiples puntos de la reforma, y además, alegan vicios de procedimiento legislativo.
Sin embargo, Aguilar Morales no cuenta con plazo para presentar sus proyectos de sentencia al Pleno de la Suprema Corte, donde se requiere el voto de 8 de los once ministros para invalidar cualquier aspecto de la reforma. Asimismo, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión pueden solicitar a la SCJN dar trámite prioritario a estas acciones, esto, aunque las leyes no están suspendidas.
Las reformas impulsadas por López Obrador incluyen la creación de las comisiones presidenciales, la concentración de compras del Gobierno de México en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de las designaciones centralizadas de directores Jurídicos y titulares de unidades de Administración y Finanzas de las dependencias federales, entre otros temas.
Palo a superdelegados
En total son 32 delegados estatales y 264 regionales, denominados de forma oficial como «Delegados de Programas Integrales de Desarrollo», los que coordinan la aplicación de recursos e implementación de los programas federales, y que están liderados por Gabriel García Hernández, titular de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de la Oficina de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la reforma de la LOAPF aprobada en la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con los delegados que se encargarán de coordinar e implementar los planes, programas y acciones «para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades”.
Diversos gobernadores y legisladores de oposición han criticado que la figura de los llamados «Superdelegados» es más bien «una fábrica de precandidatos, con «un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada», tal como lo señaló el ahora senador del Partido Revolucionario Institucional y ex titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Enrique Alfaro Ramírez y Silvano Aureoles Conejo, gobernadores de Jalisco y Michoacán, respectivamente, también han asegurado que la creación de estas figuras es un intento por vulnerar el pacto federal y que violan la soberanía de los diversos estados de la República Mexicana.
