Verónica Hernández Giadáns, encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, confirmó el parentesco con Guadalupe Hernández, prima hermana y presunta operadora de Los Zetas.
A pregunta del diputado José Manuel Pozos Castro, a nombre del grupo legislativo de Morena, la funcionaria dijo no negar el parentesco.»A la familia no se le elige, a los amigos sí y soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras».
La funcionaria estatal reafirmó su parentesco con Guadalupe Hernández Hervis y aseguró que dicha relación sanguínea fue mencionada durante su evaluación en el examen de confianza, y añadió que tiene más de 30 años sin contactar a su prima quién es operadora de Los Zetas y cercana al capo Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, jefe de plaza detenido en el 2017 en Cárdenas, Tabasco.
La Fiscal excusó que ella “no escogió a su familia” y que ni su familia, ni sus amigos están por encima de la ley. En una maratónica comparecencia con legisladores que duró más de cinco horas, Verónica Hernández insistió que en su trayectoria en el servicio público –como secretaria del Ayuntamiento de Xalapa y como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno– se ha conducido con valores, principios, ética y congruencia en el decir y el hacer.
“Respondo por mis actos y aclaro, a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella. No tengo relación con esa familia y en mi examen de control y confianza claro que lo dije, tenemos que conducirnos con la verdad”.
Hernández Giadans además culpó a pasadas administraciones de la situación caótica que priva en la Fiscalía y que ha retrasado la identificación de cuerpos en fosas clandestinas, así como el avance en las investigaciones de personas desaparecidas.
En una comparecencia con escasa asistencia de diputados de oposición (PAN y PRD), Verónica Hernández presumió que desde que tomó las riendas de la oficina se ha combatido el secuestro, se han reclasificado feminicidios, se da una mejor atención a familiares de personas desaparecidas y abatir el rezago de carpetas de investigación.
Desde su creación en enero del 2015, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado envuelta en la polémica y en escándalos ligados al crimen organizado.