Es inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, que permite ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de esa entidad, así lo consideró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En una opinión jurídica remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de octubre, los magistrados del Tribunal consideraron que «no es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al gobernador por voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años».
Ello dado que «el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema… no es válido que se prorrogue el mandato». Además deja claro que la ampliación de esa gubernatura viola el principio de no reelección previsto por la Constitución Federal.
«Los artículos constitucionales transitorios que han sido impugnados violan el principio de no reelección consagrado en el Artículo 116, fracción I de la carta magna, de tal suerte que la norma impugnada resulta inconstitucional por violentar el principio de no reelección», resalta el documento signado por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
En uno de los dos puntos conclusivos se refiere que: «El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 17 de octubre de 2019 por el que se reforma el Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de 11 de septiembre de 2014, se aparta de la regularidad constitucional».
Además de Fuentes Barrera, signan el documento -de 39 fojas con número de expediente 112/2019 y acumulados remitido al ministro José Fernando Franco González- los magistrados Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales.
También Reyes Rodríguez Mondragón, José Luis Vargas Valdez, Janine Otálora Malassis y Mónica Arali Soto Fregoso, así como la secretaria general de Acuerdos, Berenice García Huante. La Sala Superior tiene pendiente resolver 20 juicios de protección de derechos político electoral todos relacionados con la extensión del mandato -que muchos califican de ilegal- de Jaime Bonilla en Baja California.
