El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá -por ahora- construir el Aeropuerto de Santa Lucía debido a que el juez décimo de distrito del Estado de México concedió la suspensión definitiva contra la Autorización de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó al proyecto aeroportuario que se ubicará en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vía un comunicado detalló que se otorgó «debido a que la propia autorización de la Semanart reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria».
Este recurso legal es uno de los amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches contra la edificación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el cual, según la organización, no cumple con los requerimientos ambientales para ser construido. Con esta suspensión definitiva, el Gobierno está impedido para iniciar la obra en Santa Lucía mientras no concluya el juicio de amparo referente a la Manifestación de Impacto Ambiental.
La construcción por tanto, tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, pues prohíbe la ejecución de la Autorización de Impacto Ambiental hasta que el juez analice si cumple con los principios en materia ambiental.
Recientemente, el 15 de agosto, otro juez federal concedió una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno detener la construcción de la instalación aeroportuaria en Santa Lucía hasta que se fundamente la cancelación del puerto aéreo en Texcoco, iniciado por la administración anterior.
El aeropuerto que pretende construir el Gobierno no ha podido ‘despegar’ su construcción debido a una serie de 80 amparos que el colectivo #NoMásDerroches ha interpuesto contra la edificación del complejo.
Obrador se queja
El presidente López Obrador sobre el tema informó los amparos promovidos por distintos grupos contra el Aeropuerto de Santa Lucía no buscan el cuidado del medio ambiente, sino que tienen una motivación política y añadió que detrás de los amparos hay grupos conservadores, incluidos una asociación de Claudio X González, quien “siempre ha tenido diferencias con nosotros desde tiempos de Salinas. Su padre fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones, y ahora le siguen, están inconformes, no quieren los cambios y la transformación, pero también están en su derecho”, apuntó.
