La muerte de un hombre centroamericano que viajaba con su hija durante una operación policial en Saltillo es una alarmante señal del enfoque cada vez más hostil de México hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo, manifestó Amnistía Internacional.
«Las autoridades mexicanas deben tratar a las personas migrantes y sus familias con humanidad, no perseguirles o dispararles», ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El 31 de julio, aproximadamente diez migrantes abandonaron la «Casa del Migrante Saltillo» en el estado norteño de Coahuila para dirigirse a las vías férreas cercanas por donde pasan trenes de carga que van camino a los Estados Unidos. Según una declaración del personal del albergue, había mujeres, niños y bebés entre el grupo.
Durante la noche, agentes policiacos del Estado de Coahuila abrieron fuego y mataron a un hombre centroamericano cerca a su hija de ocho años. La información pública basada en las declaraciones de los testigos señala el hecho de que agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración también podrían haber participado en el incidente, aunque las autoridades federales lo negaron.
Las autoridades estatales informaron a la prensa que un hombre del grupo llevaba un arma y que por su parte, oficiales «repelieron” una agresión». Sin embargo, para entrar al albergue de migrantes de Saltillo, las personas migrantes son rigurosamente revisadas en busca de armas, drogas o teléfonos celulares, y tienen que cumplir con estrictas reglas de disciplina.
De acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, el uso de la fuerza letal sólo es legal en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Debe ser un último recurso, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa.
«Las autoridades estatales de Coahuila, así como las autoridades federales de seguridad y migración de México, tienen serias preguntas que responder sobre un hombre muerto a disparos cerca de su hija, si no pueden probar que el oficial de policía estaba reaccionando ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves», dijo Erika Guevara Rosas.
«Las autoridades deben llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial de este terrible incidente y llevar a toda persona sospechosa de haber cometido un delito ante la justicia en un juicio justo».
