Un juez peruano ordenó tres años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora Odebrecht en el país.
El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y que el exmandatario no tiene arraigo personal en el país, ya que su esposa y su familia viven fuera del país.
Kuczynski, de 80 años, se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por diez días. “Es una sentencia de muerte a sus 80 años”, dijo el legislador Gilbert Violeta, un amigo del expresidente.
La orden de prisión preventiva se da el mismo día que se realizaron los funerales del expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser arrestado por presuntos actos de corrupción también ligados a Odebrecht.
La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.
Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que gobernará hasta 2021.
Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó tras dispararse en la cabeza cuando la policía se aprestaba a detenerlo y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.
El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.
