En la Ciudad de México, el juez federal José Artemio Zúñiga dictó una segunda orden de prisión preventiva justificada, por riesgo de fuga, contra Ricardo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ahora por el caso de Agronitrogenados.
Lozoya, quien está preso en el Reclusorio Norte desde el 3 de noviembre pasado, se dijo inocente de su participación en este caso, no obstante, intentó pactar con la Fiscalía General de la República la reparación del daño.
A través de su defensa Lozoya ofreció las escrituras de una propiedad para resarcir el daño, pero su intento fue desechado ya que los representantes de la FGR advirtieron que no era el momento para ello.
Al final el Juez consideró válido el argumento de la FGR por lo que determinó modificar la medida cautelar de libertad condicionada que tenía Lozoya por este caso a prisión preventiva justificada.
Dijo que a la fecha no hay otra medida cautelar que se le pueda imponer debido a que el imputado está preso. También anunció que en breve se le retirará el brazalete electrónico.
El dispositivo se le colocó en julio de 2020, tras ser extraditado de España, para evitar que se diera a la fuga, pero al estar preso ya no tiene ninguna utilidad.
Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya se dijo en desacuerdo con la decisión y adelantó que buscará un acercamiento inmediato con las autoridades de Pemex para plantear su acuerdo de reparación.
Dijo que el ofrecimiento de Lozoya, tanto por el caso Agronitrogenados como por el caso Odebrecht, es de más de 5 millones de dólares, monto muy por encima de lo que se estima en la acusación en su contra.
Por ello, aseguró que, de acuerdo con lo inscrito en el Código Federal de Procedimiento Penales, una vez que se repare el daño Emilio Lozoya debería ser puesto en inmediata libertad y extinguirse la acción penal en su contra.