El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó la compra de la marca Mexicana de Aviación para la nueva aerolínea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al expirar el plazo otorgado para que los extrabajadores se pusieran de acuerdo, según el portal Forbes.
De acuerdo con registros del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, la Sedena a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. comenzó el registro de la marca “Aerolínea Maya” el pasado 6 de junio. En los documentos se hace constar de al menos diez propuestas de logotipos y el nombre de la nueva línea aérea, que el Ejército podría utilizar para la compañía que operará a partir de diciembre de este año.
Interrogado sobre la posibilidad de que el gobierno federal mantuviera una negociación con los extrabajadores que sí han accedido a la venta, el jefe del Ejecutivo federal explicó que esta opción no es posible pues la marca quedaría en litigio.
“No queremos comprar un pleito, es lamentable. Y quisimos, les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores y no; entonces ya tengo una reunión el sábado para decidir esto, y aquí vamos a informarles que lo lamentamos mucho pero no vamos a poder comprarles la marca”, afirmó el mandatario, al ratificar que se entorpeció el acuerdo (Mexicana de Aviación: pelea entre jubilados dilata venta de la marca).
“En vez de que el dinero se distribuya parejo, como se había acordado en asambleas, se meten los abogados, encampanan y dicen no; se van al poder judicial, meten amparos y nosotros no podemos estar esperando porque tiene que empezar a funcionar la línea (aérea) y debe tener un nombre”, agregó.
El presidente no reveló cuál sería el nombre de la nueva aerolínea, pero dijo que ya se han registrado varias posibilidades y que en diciembre próximo la compañía estaría operando con 10 aviones.
Hace algunas semanas, López Obrador comentó que la mayoría de los trabajadores de la extinta aerolínea ya había aprobado en una asamblea los más de 800 millones de pesos ofrecidos por la marca, sin embargo, dos abogados empezaron a asesorar a un grupo de entre 100 y 200 trabajadores jubilados para que pidieran más recursos, lo que descarriló el acuerdo.