El Tren Maya presenta riesgos de no ser rentable, no fue consultado debidamente ante la población indígena, tiene escaso interés en la protección ambiental y es poco transparente en la adjudicación de contratos públicos, según reportó en su revisión la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El megaproyecto más emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está bajo la supervisión y construcción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presenta graves irregularidades. En 2019, más de un año antes de asignar los contratos multimillonarios a constructoras mexicanas y extranjeras para instalar los primeros rieles del Tren Maya, el Fonatur incurrió en varias irregularidades durante la fase de diseño y de estudios, los cuales ponen en vilo la viabilidad social y financiera del proyecto.

La auditoría a la construcción del Tren Maya evidenció irregularidades como sobrecostos en asesorías legales, pagos injustificados por las deficiencias de servicios y falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de contratos, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe aclarar el gasto de 135 millones de pesos.

También determinó también que de continuar las modificaciones en el diseño o de generarse retrasos en la construcción “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto”.

Las conclusiones de la ASF son resultado de las auditorías 379-DE y 1384-DE. En ellas reveló que en 2019, Fonatur contrató, con sobrecostos, a dos empresas para los servicios legales, económicos y financieros para la estructuración jurídica del Tren Maya, servicios que podía solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Se observó, verificó y valoró que las propuestas (de las empresas contratadas) incluían costos y percepciones superiores a los vigentes durante el ejercicio fiscal 2019 para la Administración Pública Federal”, acotó.

Fonatur contrató a Woodhause Lorente Ludlow S.C. para la asesoría legal pero, de haber considerado a la SCT, los costos relativos al personal habrían sido aproximadamente de 4 millones 912 mil 500 pesos; es decir, el 11.2% del costo que pagaron a la empresa.

“No obstante, adicional a la comparativa, la propuesta consideró 2 mil 115.38 horas para el desarrollo de los servicios, cuando las horas máximas efectivas correspondientes al plazo de los servicios eran mil 984”, precisó.

Para la asesoría económica-financiera contrató a PricewaterhouseCoopers S.C., pero tan sólo el analista económico-financiero con más de 3 años de experiencia fue cotizado con un salario mayor al de un secretario de Estado. Además, destacó la ASF, hubo propuestas más económicas de otras empresas.

Tan sólo por estas observaciones, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 2 millones 732 mil 800 pesos.

En la revisión de los contratos “Proyecto de Plan Maestro para el Polo de Desarrollo del Tren Maya en Palenque, Chiapas” y “Estudio de Disponibilidad de Suelo para Crecimiento Urbano del Polo de Desarrollo en la Ciudad de Mérida, Yucatán”, Fonatur no administró con eficiencia, eficacia, y economía los recursos destinados al Proyecto Tren Maya, añadió la ASF.

El órgano auditor identificó la “incorrecta integración de precios unitarios por 50 millones 270 mil pesos, así como, duplicidad en pagos del personal directivo y técnico, toda vez que se encontraban tanto en los costos indirectos como en cada una de las matrices de los precios unitarios lo que generó un pago indebido de 8 millones 888 mil pesos en el contrato de Ingeniería Básica núm. C-TM-008/2019”.

Asimismo, encontró duplicidad en los pagos del personal directivo y técnico, así como pagos injustificados por las deficiencias en los servicios del contrato de asesoría técnica del Tren Maya.

Por otro lado, la ASF observó que en 2019 hubo retrasos en la elaboración de los estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria y de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya.

“Como hechos posteriores, en 2020, se modificó el trazo del tramo 4 de la ruta del ferrocarril y se actualizó el ACB afectando los indicadores de rentabilidad, por lo que, de continuar las modificaciones en el diseño del proyecto, o de generarse retrasos en la construcción, podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto”, alertó. Con información de Latinus

Por Jorge A. Leyva

Periodista. Licenciado en Comunicación. Columnista en Agenda Setting Diario. Comentarista de política en radio. Journalist. Fan del Café Necesario Marketing Político y Social Media Publicidad: [email protected]

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