Comisariados ejidales en el Estado de Campeche firmaron contratos de ocupación previa a la expropiación, presuntamente presionados por una empresa a la que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) le encargó las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya, esto si que los ejidatarios supieses bien a bien qué firmaban, ni haber visto un avalúo, ni negociado el precio, ni conocer el alcance de la afectación real y sin que se les prestara la debida asesoría o el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, expuso el portal de noticias Animal Político.
La investigación refiere que el 12 de mayo de 2020, José García Góngora, presidente del comisariado del ejido Cinco de Febrero, en el municipio de Champotón en Campeche, llegó junto con Manuel González Juárez y Fermín Gómez Feliciano, secretario y tesorero del ejido hasta la sede del gobierno federal en ese estado para cobrar un cheque.
Y es que los ejidatarios pensaron que era el pago de los derechos de vía que su ejido no había recibido antes como compensación por el paso sobre sus tierras del Ferrocarril del Sureste, lo que ahora es el tramo 2 del Tren Maya. Los tres salieron del palacio federal con un cheque por 2 millones 283 mil pesos, como pago por 26 hectáreas. Pero no fue por los derechos de vía que el gobierno federal les adeudaba. Fue la indemnización por la ocupación previa de sus tierra en tanto se concreta el proceso de expropiación para el Tren Maya.
Así quedó asentado en un contrato que representantes de Fonatur y del despacho Barrientos y Asociados les hicieron firmar. García Góngora asegura que no supieron lo que firmaron. “No nos dejaron leer el contrato con calma. Nos dijeron aquí está el cheque, fírmele y después les vamos a dar las copias. Nos las dieron meses después, a finales de agosto, y ya fue ahí cuando supimos que firmamos un contrato de ocupación previa con miras a la expropiación y que aunque nosotros esperábamos dos pagos, uno por los derechos de vía ya existentes y otro de indemnización por la nueva ocupación y las afectaciones, no nos iban a dar más que esa cantidad”, explica el comisario de Cinco de Febrero.
El derecho de vía es un pago que se le hace en este caso a los ejidos como compensación por el paso de una vía de transporte por sus tierras, pero los terrenos no se expropian aunque en realidad los pobladores no los pueden usar.
La ocupación previa es la compensación por el uso de terrenos mientras se hace y concluye el proceso de expropiación, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Fonatur sobre el tema, solo envió a Animal Político una breve tarjeta informativa a este portal en la que consignó: “El proceso de liberación de derecho de vía se mantiene en la zona de Champotón sin cambios. Existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos anexos de indemnización por uso de vía.
Este proceso es complejo y requiere de diversas etapas de negociación con la población impactada por la rectificación de la vía y las empresas constructoras. Fonatur está vigilante de la situación y ruega a la población local paciencia. Todos los procesos serán hechos en estricto apego a la ley y con el beneficio último de la población local”.
Para fines prácticos, explica Naayeli Ramírez-Espinosa, abogada e integrante de la Red de Litigio Estratégico de la Península de Yucatán, derecho de vía y expropiación tienen el mismo efecto. “El punto es que el comisariado y los ejidatarios esperaban dos pagos”.
Algo muy similar describe Armando Pech, presidente del comisariado ejidal de Miguel Colorado. Él también refiere que llegó hasta lo que conocen como el Palacio Federal, donde están las oficinas de representación de Bienestar, Fonatur y el resto de las dependencias. También a él lo hicieron ir allá ese 12 de mayo, junto con el secretario y el tesorero del ejido, a cobrar un cheque. También firmó un contrato que no entendió bien a bien que era.
“Como citaron a representantes de varios ejidos del municipio por donde pasa la vía del tren, de unos ocho o diez ejidos, nos dijeron aquí está el cheque por los derechos de vía y firmen pronto porque no nos podemos tardar mucho por la pandemia. No pudimos leer bien y nomás firmamos”, cuenta Pech.
Al comisario de Miguel Colorado tardaron mucho más en darle las copias del documento que había suscrito, hasta mediados de septiembre, cuando por fin las pudo tener y leyó con calma, se dio cuenta que era un contrato de ocupación previa a la expropiación.
Ramírez-Espinosa señala que además de ese engaño para darles un solo monto hubo varias irregularidades graves en los procesos para la firma de los contratos.
La principal es que el despacho contratado por Fonatur, Barrientos y Asociados, solicitó a los comisariados ejidales convocar a una asamblea, en noviembre de 2019, para que en esta los ejidatarios les cedieran el poder para hacer, en su representación, las gestiones para el pago de los derechos de vía y la indemnización.
Esto, explica la abogada, es contrario a la Ley Agraria, en la que se establece que la asamblea es la autoridad máxima y por lo tanto ese tipo de procedimientos se deben hacer en asamblea. Es ahí donde se deben aprobar los convenios, los montos, las afectaciones, y con la presencia de la Procuraduría Agraria que fue la gran ausente.
No hubo acompañamiento de la Procuraduría Agraria
Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, confirma que no hubo acompañamiento por parte de esta institución en los procesos para la ocupación previa de tierras en los ejidos de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, como tampoco la hubo en al menos otros cinco en Campeche, de lo que ellos tienen documentado.
El procurador asegura que no estuvieron porque Fonatur no les avisó. Hernández Palacios ataja que aunque se ha dicho que sí los invitaron pero no acudieron porque no estaban trabajando en campo por la pandemia, eso es falso. “No estuvimos porque no nos invitaron”, sostiene Hernández Palacios. Y no los invitaron a pesar de que debieron, por Ley, y de que había un acuerdo firmado al respecto.
El 16 de abril, la Procuraduría Agraria y Fonatur firmaron un convenio de colaboración en el que se destaca que ellos asesorarán a los núcleos agrarios en los diversos actos jurídicos que se realicen para el proyecto del Tren Maya, entre estos los de ocupación superficial o derecho de vía.
Pero, dice el procurador, “tenemos información de que Fonatur tiene contratado a un despacho para que lleve estos convenios, que es la empresa Barrientos y Asociados, y aunque es mandataria de Fonatur no ha sentido la obligatoriedad de cumplir con el convenio que corresponde”. BYA Barrientos y Asociados es un despacho especializado en ofrecer servicios para tenencia de la tierra y liberación de derechos de vía.
El 14 de agosto de 2019, Fonatur firmó con ellos un contrato por un monto máximo de 62 millones 408 mil pesos. Después se hizo un convenio modificatorio, el 16 de diciembre de 2019, para ampliar su vigencia hasta el 31 de marzo de 2020. Y luego otro, para alargarlo hasta el 30 de septiembre de 2020.
El contrato y sus convenios señalan que se deben ejecutar diversos actos técnico-jurídico- administrativos que garanticen la correcta adquisición del derecho de vía, para evitar problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal.
Por tal motivo, se requieren los servicios complementarios de apoyo consistentes en el estudio previo denominado: “Trabajos técnico – jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la construcción del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya”, mediante el cual el Prestador de Servicios brinde el apoyo en todo el proceso desde la revisión de la situación actual de cada predio”.
Además de que no supieron qué firmaron, los comisarios se quejan de que no hubo un acuerdo para establecer el precio que les pagaron por metro cuadrado previo a la expropiación. Tampoco vieron un avalúo por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
La abogada Naayeli Ramírez-Espinosa señala que todo lo hecho es un abuso. “Les dijeron que les iban a pagar lo que nunca les habían pagado, lo que les debían pues. Separaron a los comisarios de las asambleas. Llegaron y les extendieron un cheque y les dijeron fírmele aquí”.
Eso, sentencia Ramírez-Espinosa, “es tomar ventaja de alguien que necesita el dinero en plena pandemia. Es una presión indebida, porque muchas de las personas de los ejidos trabajaban en la ciudad, en Campeche, y se quedaron sin poder trabajar y sin ingresos. Así que hay una presión para hacerlos caer en tratos que no les son convenientes”.
Oscuro proceder de los abogados de Fonatur
Los comisarios de Miguel Colorado y de Cinco de Febrero se quejan de que la forma de proceder del despacho Barrientos y Asociados ya ha generado mucha desconfianza y problemas en los ejidos.
“Como no nos daban las copias del contrato, la gente empezó a desconfiar de nosotros. Hay ejidos donde ya destituyeron a los comisarios y los denunciaron, como en Felipe Carrillo Puerto. Al comisariado del ejido Cinco de Febrero, por ejemplo, nos dieron dos cheques, uno grande por los más de 2 millones y otro por 230 mil pesos que nos dijeron era para el comisariado por el pago de nuestras gestiones, que porque no teníamos sueldo”.
Pero después, narra, cuando los ejidatarios empezaron a desconfiar de los procesos y los pagos y se lanzaron a reclamar a las oficinas de Barrientos y Asociados, les dijeron que esos montos eran el pago por las probables afectaciones adicionales del proceso a bardas o árboles.