Tipifican fraude fiscal como delincuencia organizada

El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa. El dictamen que fue aprobado en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra con la oposición del PAN y el PRI, fue remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Ante la inconformidad del sector empresarial que ha señalado que la iniciativa criminaliza a los contribuyentes, Ricardo Monreal afirmó que el dictamen no establece “un terrorismo fiscal”.

Además explicó que la iniciativa no está orientada a la generalidad de la población contribuyente, sino a aquellos que usan “a sabiendas” facturas falsas y aquellos que mediante empresas fantasmas perjudica al fisco.

“Yo le voy a hablar al grupo de mayoría (Morena) en su lenguaje: esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está “guácala”, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”, fustigó la senadora priista Claudia Anaya Mota.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Y prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

«Lo único que logra esta reforma son dos cosas: prisión preventiva oficiosa y convertir en seguridad nacional este tema que lleva también a prisión preventiva oficiosa» señaló el senador Damián Zepeda, del PAN.

Tipifican fraude fiscal como delincuencia organizada

Por Jorge A. Leyva

Periodista. Licenciado en Comunicación. Columnista en Agenda Setting Diario. Comentarista de política en radio. Journalist. Fan del Café Necesario Marketing Político y Social Media Publicidad: [email protected]

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