En Ciudad Hidalgo, Chiapas; una localidad fronteriza con Guatemala, el fin de semana se reforzó la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional así como agentes migratorios, esto como parte de las nuevas medidas para restringir los cruces no esenciales en la frontera sur de México.
Decenas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) apostados a lo largo del río Suchiate pedían la documentación a todo el que cruzaba en balsa, impidiendo el paso a decenas que no la tenían.
El domingo los afectados no eran migrantes con la intención de llegar a Estados Unidos, sino guatemaltecos que acudían a México a comprar y que prefieren cruzar en balsas artesanales —maderas sobre grandes llantas— que operan en los pasos irregulares, vitales para el comercio local.
«No nos han dejado entrar porque piensan que somos migrantes cuando en realidad sólo venimos por la mercadería», se quejaba la guatemalteca Amalia Vázquez estancada en la orilla mexicana del río con su bebé a la espalda y siete familiares. Su familia viaja cada mes desde Quetzaltenango, a 100 kilómetros, para comprar plásticos y dulces que luego revenden allá, explicó.
Después de una negociación, migración permitió el paso a su hermana y a otro familiar después de que dejaran sus credenciales con los agentes migratorios mientras compraban. Cerca, otro grupo de agentes devolvía a un hombre que suplicaba que le dejaran pasar solo a buscar medicinas.
México comenzó este fin de semana con las limitaciones de viaje en su frontera sur teóricamente para evitar contagios por el coronavirus, pero en el río nadie hablaba de la pandemia sino de evitar entradas irregulares.
«Solo me pidieron mi tarjeta de visitante fronterizo pero la toma de temperatura y todo eso ya no lo hacen», comentó Juan José Ramírez, un guatemalteco que cruza diariamente por trabajo por el paso de Talismán, 30 kilómetros al norte de Ciudad Hidalgo. Tales medidas solo fueron implementadas al principio de la pandemia, aseguró.
El último despliegue fuerte en esta zona fue en enero de 2020 bajo la presión del expresidente Donald Trump, cuando centenares de militares bloquearon grandes grupos de migrantes que intentaban entrar en el país para llegar a Estados Unidos.
Ahora no hay presencia de migrantes viajando en caravana pero México vuelve a estar bajo presión por el incremento del flujo hacia Estados Unidos, sobre todo de familias con niños, la principal preocupación de la administración de Joe Biden.
La mayoría llegan a la frontera estadounidense con ayuda de traficantes y entran a México por los centenares de puntos ciegos que tiene su porosa frontera con Guatemala tapizada de montañas y selva.
Además de las restricciones de viaje, que están vigentes desde el principio de la pandemia en la frontera norte, el gobierno mexicano anunció el viernes una nueva ofensiva contra el tráfico de migrantes concentrada en detectar a grupos de familias con menores que son los que más están llegando a la frontera estadounidense.
Asimismo, dijo que aumentarían los controles de documentación y filtros sanitarios en todo el sur y que se vigilarán las zonas de cruce ilegal de personas con drones y mecanismos de visión nocturna.
Sin embargo, las carreteras en torno a Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur, mantenían sus controles habituales y la presencia del ejército y la Guardia Nacional era discreta aunque nadie descartaba que pudiera aumentar en los próximos días.
«Todo es un show», dijo la dueña de una tienda de dulces del mercado. «No dejan pasar a los que vienen a comprar pero los polleros (traficantes de personas) están bien activos» agregó la mujer que pidió reservar su nombre por miedo a represalias.
Según el INM, esos «guía» sugieren a los centroamericanos viajar con menores para facilitar la entrada a México y a Estados Unidos.
El flujo migratorio actual no ha llegado al pico registrado en mayo de 2019 pero algunas organizaciones no gubernamentales temen que las nuevas medidas pongan a los solicitantes de asilo en una situación más complicada y los empuje más a la clandestinidad.
«Lo que más nos preocupa es que haya más medidas de contención y rechazo al migrante en lugar de crear una hoja de ruta con enfoque de derechos humanos para recibir a este flujo de personas con necesidades de protección», dijo Yuriria Salvador, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
A su juicio, no hay razón para que a un año de la pandemia ahora se hable de medidas sanitarias. «Viene de la negociación con Estados Unidos, es muy clarito» añadió Salvador.
México logró recién que Washington le enviara 2.7 millones de vacunas contra COVID-19. Mientras en el río Suchiate, los comerciantes son, de momento, los más afectados.
«No es mucho lo que sacamos revendiendo», decía María Vázquez mientras regateaba el precio de unas galletas y su familia esperaba en el río. «Nos perjudicó bastante los migrantes que viajan en grupo y además la pandemia. Nunca nos pedían documentación», expuso.