El Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), va a pasar por los barrios de Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en Campeche, donde decenas de familias han vivido durante décadas junto a las vías del tren. El tramo de la mega obra que pasará por esa zona es el 2, que ya se licitó y ganó el consorcio integrado por Operadora CICSA S.A. de C.V. de Grupo Carso, de Carlos Slim, en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.

El plan de las autoridades para que el Tren Maya cruce Campeche es reubicar a familias que habitan muy cerca de las vías de lo que había sido la ruta Chiapas-Mayab. Una parte de los habitantes dicen que las vías son las que deben irse, porque llegaron a invadirlos hace décadas. En esos tres barrios están acostumbrados a vivir a pie de la vía ferroviaria Chiapas-Mayab: hay casas que están a tres o cuatro metros del tendido férreo, que empezó a construirse en 1935. Las familias han crecido junto con esas máquinas que pasan a unos 40 kilómetros por hora y que han provocado accidentes que van desde los descarrilamientos hasta los atropellados.

Con el Tren Maya no habrá forma de convivir, la velocidad que alcanzará será de más de 100 kilómetros por hora y ya está estipulado que en 20 metros de un lado y 20 metros del otro de la vía no puede haber ni casas ni nada. Si el proyecto se hace, las familias tendrían que irse y muchos no quieren.

Los vecinos inconformes tienen una demanda clara: las que deben irse son las vías del tren. Las casas, afirman, ya estaban ahí desde antes de 1899 cuando se otorgó la concesión para la construcción de la vía de ferrocarril que conecta la ciudad de Campeche con el resto de la Península de Yucatán. La Revolución detuvo los trabajos, que continuaron después de 1935.

De acuerdo con los trazos finales de la trayectoria del tren elaborados por Fonatur, en el caso de San Francisco de Campeche, los predios (que se deberán mover) se ubican en el lado oriente de la vía, en las colonias Camino Real, Benito Juárez, Bellavista y Santa Lucía, donde se encuentra el cerro del Fuerte de San José el Alto, “sin que se requiera afectar las propiedades situadas del otro lado de la vía”, dice el comunicado.

Fonatur asegura en el comunicado que compensará de manera justa y adecuada a todas las familias de Campeche que resulten con su predio impactado como consecuencia de estas obras; por lo cual encargó al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, la elaboración de un Protocolo de Relocalización Consensuada.

El cumplimiento de este Protocolo por parte de Fonatur y de las autoridades competentes conlleva que no haya ningún desalojo forzoso y que las familias participen en la toma de decisiones durante todo el proceso y puedan elegir la mejor opción.

Entre estas, dice el comunicado, destaca la compensación económica y asesoría para la construcción o ampliación de un inmueble en el predio actual, fuera del derecho de vía, que podría aplicarse en muchos de los casos si así lo desean las familias. El protocolo hecho público por ONU-Hábitat considera la realización de un censo, para hacer un diagnóstico socio-territorial.

Los pobladores de los tres barrios, que incluso formaron un colectivo para defender sus casas, admiten que hay vecinos que ya aceptaron la reubicación. Pero atajan que son los que llevan menos tiempo viviendo en la zona, sin las raíces echadas que tienen quienes nacieron aquí y heredaron los terrenos de sus antepasados.

“Y ahora no les vamos a recibir ningún dinero. No queremos dinero. Queremos que se lleven las vías que vinieron a invadir las propiedades de nuestras familias. Aquí, en esta casa donde estoy, han vivido desde mis bisabuelos y no había vía, lo que pasaban eran carretas”, señala Aurora Concepción Campos, habitante del barrio Camino Real.

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