El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregue a la Secretaría Gobernación los datos biométricos de los ciudadanos, esto según ellos para evitar fraudes electorales y transitar a una democracia activa que permita consultas populares baratas, vía electrónica.
Al reiterar esta propuesta, que viene en la iniciativa de la Ley General de Ciudadanía Digital del diputado por Morena, Javier Hidalgo, este legislador se refirió a las declaraciones del consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez en torno a que “los datos de los ciudadanos no se entregarán al gobierno, sea cual sea su color”, y expuso que la Secretaría de Gobernación está en todo derecho de solicitar los datos de los ciudadanos.
Hidalgo señaló que, no entregar los datos personales de los ciudadanos “es una maniobra política del Consejero Baños el cómo lo está presentando”, porque con el propio artículo 16 constitucional, que protege los datos personales de cada individuo y con el artículo transitorio de la ley de población, se establece que la credencial de elector funciona de manera supletoria a la cédula de identidad. «De este modo, queda claro que tanto el INE como la Secretaría de Gobernación son únicamente depositarios de la información, pero los dueños son los propios ciudadanos».
Durante su intervención en el Conversatorio «Democracia Digital para el Cambio Sostenible», el diputado Javier Hidalgo insistió ante jóvenes convocados en el evento realizado en la Cámara baja que se apruebe la Ley General de la Ciudadanía Digital, con la que el INE tendría que entregar a Gobernación los más de 80 millones de datos biométricos de los ciudadanos que están en el padrón electoral, para que sean empleados en votaciones.
Hidalgo recordó que, por insistencia del presidente López Obrador, buscaron “quitarle los candados a la Constitución” para legalizar las consultas populares y la revocación de mandato, y así consultar a los ciudadanos. Pero acusó que, en el Senado, el PRI y el PAN regatearon los cambios y la consulta quedó igual.
Por ello, señaló que seguirán insistiendo para reformar la ley, explicó que con la propuesta de Ley General de la Ciudadanía Digital buscan actualizar la tecnología dentro de un marco legal y facilitar las consultas , abaratando costos y reduciendo su precio hasta en un 95 por ciento.
