Pierre Alarie, embajador de Canadá en México afirmó estar preocupado por las recientes acciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que envían la señal de que México no desea respetar los contratos de gasoductos. A través de su cuenta de Twitter, el diplomático señaló que el proceso de arbitraje internacional que inició la CFE en contra de las compañías IEnova y TC Energía es contrario a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ejecutivo Federal aseguró el 12 de febrero que no demandaría a las empresas que poseen los gasoductos porque tenían “muy buenos abogados” y su gobierno no iba a terminar en las cortes internacionales. Sin embargo, ese mismo mes, López Obrador cambió su opinión sobre los gasoductos y advirtió que, de ser necesario, se llegará a tribunales.
En tanto, el martes la Comisión inició un proceso de arbitraje internacional en contra de las compañías mexicana IEnova y la canadiense TC Energía -antes TransCanada-, mediante la cual demanda la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte del ducto.
La CFE “demanda la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte, que hacen referencia a la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos eventos que la CFE inicialmente reconoció conforme al contrato y que ahora considera indebidos, entre otros”, informa la nota de IEnova, unidad mexicana de la estadounidense Sempra Energy, enviada a la Bolsa.
IEnova no detalla la cantidad que la CFE le solicita de reembolso. Las compañías se encuentran analizando el contenido del arbitraje y su fundamento legal. “La propia CFE ha convocado a Infraestructura Marina del Golfo (IMG) para continuar con el diálogo”, dice la nota. Aunque la construcción del gasoducto marino se terminó el 11 de junio pasado, este aún no ha comenzado operaciones, pues la CFE aún no emite una constancia de aceptación con la fecha de inicio de operación comercial.
El gasoducto marino fue una obra licitada en el sexenio pasado con un valor cercano a los 2 mil 500 millones de dólares. La finalidad de este proyecto es aumentar la capacidad de importación de gas natural desde el sur de Estados Unidos hacia el centro y sur de México hasta en un 40 por ciento.
