Al no haber dinero para realizar la Consulta Ciudadano sobre la Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ejercicio fiscal del 2022.
El máximo organismo electoral del país aseguró que el PEF 2022 contempla un recorte por 4 millones 913 millones de pesos al presupuesto solicitado inicialmente para efectuar sus funciones.
A través de un comunicado, el INE aseguró que dicho recorte careció de motivación o justificación alguna, pese a las diversas investigaciones periodísticas que han señalado los altos costos de asesorías y el ‘excesivo’ número de personal.
Ante ello, el organismo detalló que dicho recorte impide el ejercicio pleno de las atribuciones y en particular, la consulta de la Revocación de Mandato, la cual requerirá un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos para efectuarse con tiempo y forma.
“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados”, indicó el INE.
En ese sentido, el instituto incluyó, a la hora de hacer su presupuesto, un monto para realizar la Revocación de Mandato como de una nueva consulta popular, luego de que la Suprema Corte determinara la realización del ejercicio democrático en marzo del 2022, pese a la controversia constitucional presentada por el INE.
“El INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado. Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley”, sentenció. Con información de El Financiero