Después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y la autoproclamación de Jeanine Áñez como nueva presidenta interina, los conflictos entre campesinos e indígenas con el ejército boliviano se han incrementado en La Paz y Cochabamba.
El fin de semana, en la zona de producción cocalera de Chapare, se registró un saldo de cinco muertos en un encuentro en el que los jefes policiales negaron el uso de arma de fuego contra campesinos de la zona, sin embargo se reportó un gran número de heridos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos calificó este hecho como “desproporcionado”.
La actual presidenta Jeanine Áñez autorizó la inmunidad para miembros militares. El decreto exime de ‘responsabilidad penal’ a las fuerzas del Estado que usen la violencia ‘proporcionada’ en ‘legítima defensa’ con tal de reducir a los grupos que insistan en sembrar el caos.
El gobierno ha señalado que el Movimiento Al Socialismo hace uso de violencia para desestabilizar el proceso electoral, denunciando presencia de grupos infiltrados y extranjeros que buscan el regreso de Evo Morales. Estos supuestos grupos estarían armados en las manifestaciones indígenas y serían quienes causaron la muerte de cinco personas, según la policía de Cochabamba.
Veintiséis campesinos resultaron heridos en los enfrentamientos y algunas de las lesiones más críticas las recibieron en la parte de la cabeza, lo que pone en riesgo sus vidas.
