La polémica de los autos «chocolate», como se llaman en México a los vehículos irregulares que ingresan de Estados Unidos, se ha reavivado con el anuncio del Gobierno de regularizarlos en un posible intento de recaudar más impuestos ante la oposición de la industria.
La controversia aumentó desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana que el próximo mes comenzará la regularización de estos vehículos en Baja California para después extenderlo al resto de los estados del norte.
«Hacer una regularización ha sido un tema políticamente rentable, hay muchas organizaciones que giran alrededor de eso y es supuestamente una acción que beneficia a gente de menores recursos”, indicó este sábado a Efe el economista Eliseo Díaz, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Previo a la pandemia, Morena pidió en el Congreso regular estos autos para recaudar 50.000 millones de pesos adicionales (unos 2.500 millones de dólares) por los 18 millones de vehículos irregulares que estimó entonces que hay en México.
Migrantes mexicanos en Estados Unidos y habitantes de la frontera suelen introducir estos vehículos porque son más económicos, pero también hay grupos que se dedican a ello y delincuentes que aprovechan su irregularidad para cometer crímenes, expuso el profesor Díaz.
“Está el problema de que se volvió un negocio la importación de estos autos, que no pueden circular en México, entonces hay un mercado paralelo, ilegal, en donde se venden con organizaciones que emplacan (colocan matrículas) de forma irregular”, advirtió. En este contexto, López Obrador justificó la necesidad de regularlos para «tener control» por razones de «seguridad».
«Hay mucha gente que no tiene, no le alcanza para tener un carro nuevo, de agencia, y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela y es un medio necesario», argumentó en la fronteriza Ciudad Juárez.
Pero no todos están de acuerdo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha cuestionado la medida mientras la industria automotriz del país, que aporta más del 20,5 % del PIB manufacturero, está cerca de un 20 % por debajo de sus niveles prepandemia. Su regulación implicaría una caída de hasta el 39 % en las ventas del mercado nacional, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).
Desde Estados Unidos entran «vehículos pesados chatarra», aseveró Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). “Si ahorita en nuestras cifras decimos que estamos colocando 100 vehículos nuevos, todavía se están importando 35 vehículos adicionales, importados usados, que nada abonan ni al medio ambiente ni a la seguridad”, dijo en conferencia.
En la Secretaría de Economía han defendido que existe un decreto que permite la importación definitiva de vehículos usados y que es parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Existen hoy las condiciones y los compromisos para establecer la posibilidad de tener comercio en este tipo de vehículos, ahora, este decreto establece muy claramente ciertos criterios y ciertos requisitos», sostuvo Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. Con información de EFE