Un derrame de por lo menos 6.000 barriles de petróleo en la costa central de Perú se produjo el sábado 15 de enero de este 2022, pero la catástrofe ambiental se sigue extendiendo. El derrame supuestamente ocurrió durante una operación de descarga de la refinería La Pampilla, ubicada en Ventanilla, un distrito de la provincia de El Callao, aledaña a Lima. Ahí Repsol, empresa operadora de la refinería, atribuyó el hecho al “oleaje anómalo” producido tras la erupción del volcán subterráneo en Tonga.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al ministerio del Ambiente peruano, informó que, hasta el momento, el área dañada es de un millón 739 mil metros cuadrados y estimó que dicha cifra podría incrementarse con el transcurso de los días. Según el ente, nueve playas y dos reservas naturales protegidas se han visto afectadas, la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón.

Información «inexacta» por parte de Repsol
“Aunque se diga que se puede limpiar, el daño es inmenso. En primer lugar por su gravedad para el ecosistema y, en segundo lugar, por la falta de respuesta inmediata de Repsol, que minimizó la situación”, explica Miguel Lévano, experto en industrias extractivas de Oxfam Perú y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDH).

En un principio, Repsol habría comunicado a OEFA que solo se había producido un “derrame limitado” de 0,16 barriles del oro negro (unos 25 litros) en un espacio de apenas 2,5 metros cuadrados. Pero la primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, declaró que, según información brindada por OEFA, Repsol no solo había dado información inexacta, sino que además no contaba con un plan de contingencia para este tipo de emergencias.

Graves daños eran evitables
Según Ana Sabogal, experta en temas medioambientales de la Universidad Técnica de Berlín y también profesora de la Universidad Católica de Perú, si se hubiese sabido desde un comienzo la cantidad exacta de petróleo derramado, los daños hubiesen sido “sin duda” menores y el petróleo no se hubiese extendido tanto.

“Es desastroso lo que ha ocurrido. Se debió avisar rápido sobre la magnitud. Se hubiese podido evitar que muchas aves mueran”, lamenta Sabogal. Cinco días después de un derrame, agrega la experta, el petróleo se empieza a mezclar en el mar y se termina hundiendo, afectando a la fauna, no solamente a las aves en la superficie, sino también a peces. Producto de la contaminación, las autoridades peruanas han hallado muertas a decenas de gaviotas, pingüinos y otras especies marinas cubiertas de petróleo. Otras fueron rescatadas con vida.

El experto de Oxfam Perú, Miguel Lévano, critica que recién cuando el petróleo llegó hasta las playas, las autoridades se dan cuenta de la magnitud del problema: “Este problema no solo afecta al ecosistema, sino también a la salud de la población. Hay muchos pescadores que han seguido pescando en medio de este daño, y ese pescado ha llegado al mercado. También los bañistas, sin saber, seguían visitando las playas de la zona”.

Por su parte, la compañía petrolera ofrece en su página web su versión de lo ocurrido y comunica las acciones que ha emprendido para reparar el impacto del vertido. «Desde Repsol, lamentamos no haber transmitido de manera adecuada todos nuestros compromisos y acciones realizadas y asumidas para atender el impacto generado por el derrame de petróleo en Ventanilla. Nos gustaría transmitir especialmente nuestra solidaridad con todas las personas y poblaciones afectadas, y expresar un especial sentimiento por los entornos naturales y especies marinas dañadas».

Responsabilidades y contradicciones
La Fiscalía peruana ha abierto una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y los funcionarios de la refinería. Además, advirtió que las multas podrían alcanzar los 138 millones de soles, unos 34,5 millones de dólares.

Autoridades de diferentes sectores del país han coincidido en exigir que Repsol debe asumir su responsabilidad ante el “peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempo y resarcir el daño de manera inmediata”, como lo calificó la Cancillería. El Gobierno de Pedro Castillo ha dado un plazo de diez días a la empresa para limpiar las zonas afectadas por hidrocarburos.

La gerente de comunicaciones de Repsol, Tine Van den Wall Bake, negó que la transnacional tenga responsabilidad en el ecocidio: “Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico”, declaró a la radio peruana RPP. Asimismo, aseguró que, tras la actividad volcánica ocurrida en Tonga, se comunicaron con la Marina de Guerra de Perú para informarse sobre una alerta de tsunami en el Pacífico. “Nos confirmaron que no y que podíamos proseguir con la carga», sostuvo la representante de Repsol. Pero la Marina dice que sí alertó sobre los oleajes anómalos.

“Es ridículo afirmar que la responsabilidad la tendría la erupción del volcán o la Marina por no alertar debidamente”, opina el experto Lévano. Una empresa de la magnitud de Repsol, agrega, debe tener preparadas sus instalaciones y procedimientos ante cualquier situación de emergencia: “Estas empresas manejan incluso información satelital para planificar sus operaciones y, probablemente, pudieron haber tenido la misma o mayor información que la Marina”.

Para la profesora Ana Sabogal, es una negligencia que, a pesar de la erupción del volcán en el Pacífico, que causa marea alta, se siga descargando petróleo. “Si la Marina dijo que no había tsunami, eso no es justificación. Es raro que la empresa no haya actuado, porque los planes o estudios de impacto tienen, justamente, muy detallada la hidrología, y esto incluye mareas o movimientos del mar. Aquí, definitivamente, la culpa y la principal responsabilidad es de Repsol”, asegura Sabogal.

“No puede quedar impune”
Ante las contradicciones, el Ejecutivo ha solicitado más información a Repsol y la Marina de Guerra de Perú. Sin embargo, según la experta Sabogal, “también es responsabilidad del Estado controlar y fiscalizar que las empresas cumplan con los marcos normativos y planes de contingencia”.

Entretanto, Repsol habría ofrecido a los más de mil pescadores afectados darles canastas de alimentos y contratarlos para recoger el petróleo. Esto último, dicen los expertos, podría ser peligroso para su salud. “Este daño medioambiental puede durar hasta décadas y no se va a solucionar con medidas paliativas”, señala Lévano.

La mitad de los derrames petroleros de los últimos años en Perú, recuerda Lévano, ha sido específicamente por fallas operativas y no por desastres naturales: “Incluso un 25 por ciento más ha sido por corrosiones y falta de mantenimiento de sus equipos. Por eso hay que investigar la causa exacta de esta tragedia. Esto no puede quedar impune”. Con información de DW

Por Jorge A. Leyva

Periodista. Licenciado en Comunicación. Columnista en Agenda Setting Diario. Comentarista de política en radio. Journalist. Fan del Café Necesario Marketing Político y Social Media Publicidad: [email protected]

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