María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la administración de su antecesor, Javier Corral Jurado, le dejó un “desorden financiero” con una deuda de hasta 75 mil millones de pesos.
“Nos topamos con una gran displicencia y con la mayor deuda que pueda existir en el país, una deuda de 75 mil millones de pesos”, aseguró Maru Campos en una entrevista para El Universal.
Como ejemplo, mencionó que durante el sexenio de Corral el Congreso de Chihuahua aprobó un presupuesto de egresos deficitarios, lo que habría provocado que la actual administración heredara una deuda de hasta 14,000 millones de pesos con proveedores.
“Nos encontramos con que durante cinco años, el Congreso del estado aprobó presupuestos deficitarios, que eso está fuera de la ley […] se le debían a proveedores 14 mil millones de pesos porque cualquier dependencia o funcionario podía decir: tráiganme las medicinas, las mesas o las botellas de agua, pero no se hacía una licitación y cuando no se hace no hay suficiencia presupuestal”, detalló.
No obstante, Campos Galván hizo hincapié en que no habrá una “cacería de brujas” contra su antecesor, aunque sí afirmó que cualquier procedimiento penal lo determinarán las instancias correspondientes.
También afirmó que Corral no quería que ella fuera gobernadora porque “tenía pavor” de que se diera cuenta de la “displicencia, omisión y corrupción que hubo en su gobierno”.
“Javier Corral nunca entendió lo que era gobernar. Nunca entendió lo que era administrar, lo que era importante para los chihuahuenses, pero quedará en su conciencia y la justicia. Las instituciones y la historia lo juzgarán, no seré yo”, señaló.
Campos Galván rindió protesta como la primera mujer gobernadora del estado más grande de la república el miércoles 8 de septiembre, pues ganó las elecciones del 6 de junio con el respaldo de la coalición Va por México, donde participó el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con una investigación realizada por el periódico La Jornada, durante la administración de Javier Corral, al menos 50 personas, entre ellas trabajadores públicos, empresarios y ciudadanos, fueron obligados a testificar en contra de varios funcionarios como Maru Campus y el exgobernador César Duarte.
Los interrogatorios, según la investigación, se realizaron en la Casa de Gobierno en Chihuahua. Presuntamente, todas las personas que no apoyaran como testigos eran amenazadas con “ir a prisión, afectar a sus familias o realizar cateos en casas de sus familiares”.
“Había momentos en que el propio gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche supervisaban los interrogatorios a través de un sistema de circuito cerrado. Los fiscales nos decían que los testimonios, una vez escritos, eran checados y aprobados por el fiscal Peniche y por el mismísimo Corral”, detalló una de las fuentes.
El pasado lunes 27 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se dio por enterada de la denuncia contra Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua por el PAN, por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria, por lo cual asignó el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Esto en atención a la denuncia del hombre de negocios, Otto Valles Baca, quien el viernes 24 de septiembre presentó la denuncia correspondiente, en donde acusaron proveer pruebas de los actos de Corral Jurado.
“Javier Corral utilizó toda la fuerza del estado para amedrentarnos, desde cateos irregulares hasta amenazas directas, para evitar que siguiéramos con las investigaciones sobre los delitos cometidos por él y que ahora hemos denunciado”, señaló el empresario.