Jaime Rodríguez Calderón, El «Bronco» saldrá de la cárcel en estos días, o enfrentará su proceso allí eso lo sabremos en unos días o semanas. Mientras, el ex gobernador de Nuevo León fue vinculado a proceso por la presunta comisión de delitos electorales durante la campaña presidencial de 2018. El juez de control, Carlos Alberto Salas, determinó la prisión preventiva en el penal de Apodaca 2, como medida cautelar, debido a que un «investigación» detectó que tiene seis casas.
«En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León (FEDENL), aseguró que en la audiencia inicial, formuló la imputación contra el exmandatario, por el delito electoral de recibir aportaciones de dinero cuando existía una prohibición legal para ello, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales».
Más allá de que se le compruebe el delito electoral de desvío de recursos públicos -que no debería investigar la autoridad local puesto corresponde a la federal- y/o de abuso de autoridad, más los que se acumulen, el Bronco enfrentará por ahora en la cárcel esas acusaciones.
Al igual que el de otros candidatos independientes que aspiraron a la presidencia en 2018, esta detención parece demostrar cómo la legislación aprobada en 2014 resultó perniciosa para la figura de los independientes, e incluso contraproducente. Confirma una versión mexicana de la regla general: Quien hace la ley hace la trampa. Una ley mal hecha induce al delito.
El número y la severidad de las restricciones incluidas en la legislación crearon el ambiente en el que se da la desgracia del «Bronco». Es obvio que nada obliga a nadie a violar la ley, pero las disposiciones relativas al ejercicio de un derecho pueden ser conducentes al respeto a la ley, o a su violación.
Los tres candidatos independientes a la presidencia de 2018 enfrentaron tales dificultades para llegar a la boleta que o bien desistieron del intento como Armando Ríos Piter, o bien recurrieron a prácticas ilegales como el «Bronco» o las obtuvieron de manera dudosa como Margarita Zavala. Procedieron de esa manera porque pensaron que se trataba del único camino para llegar a la boleta, en vista de los requisitos muy complejos exigidos por la ley.
Si sumamos el número de firmas, el tiempo disponible para conseguirlas, las condiciones de su obtención (gasto, acceso a medios, propaganda, etc.) la dispersión por estados, los instrumentos anti-fraude, no se puede más que concluir que la ley fue confeccionada con uno de dos objetivos, o ambos. O bien fue redactada para que fuera imposible cumplir con ella, o bien fue aprobada para que sólo se pudiera llegar con trampas.
Ahora que el «Bronco» pueda tal vez pagar con la cárcel los métodos que empleó para sacar las firmas, será casi imposible que alguien se atreva a ser candidato en el 2024. Es una lástima, no sólo por el principio mismo de que se debe romper el monopolio de los partidos de la representación política. Habrá tal vez varios aspirantes derrotados dentro de sus coaliciones que quisieran intentar sus posibilidades como independientes.
Sin duda, debe haber requisitos, reglas y filtros. Los hay en todas partes. Los que existen en México son excesivos, e inducen al fraude. En Francia, por ejemplo, para figurar en la boleta se requieren 500 firmas de funcionarios electos (diputados, senadores, alcaldes, regidores, consejeros regionales, etc.), y se reembolsa el gasto de campaña si el candidato rebasa el umbral de 5% del voto (para evitar las frivolidades). No equivale a un pase automático, pero tampoco disuade a quienes representan una auténtica, aunque pequeña, sensibilidad social, por odiosa que fuera, como en el caso del ultra-derechista Zemmour.
Para cuando haya una verdadera reforma electoral, y no la farsa anti-democrática que prepara el régimen, convendría corregir las aberraciones del 2014, e incluir lo que se excluyó entonces, por la incongruencia del PAN y la miopía de Peña Nieto: La segunda vuelta. Tendremos que esperar bastante y mientras «Bronco» lo hará también, pero preso, probablemente. Con información de El Imparcial